El salario social absorberá un tercio del presupuesto de Servicios Sociales

El presupuesto global de esta Consejería será de 392 millones de euros

El salario social, los Establecimientos Residenciales para Autónomos (ERA) y el acogimiento de menores saldrán reforzados con el presupuesto previsto para 2017 en la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, que ascenderá a 392 millones de euros, un 8 por ciento más que el prorrogado de 2015.

Su titular, Pilar Varela ha dado estas cifras al detallar en la Junta General el proyecto de ley de Presupuestos del Principado para 2017 en su departamento, que prevé terminar este año con una ejecución del 102 por ciento.

El salario social beneficiará el próximo año a unas 21.800 familias, 1.200 más que en el actual, y dispondrá de una partida ampliable de 105 millones de euros, 4 millones menos de los que se prevén gastar en 2016 para atender a 20.600 unidades familiares, 2.000 más que en 2015.

La partida presupuestada, por lo tanto, será insuficiente para afrontar el pago del salario social, tal y como sucedió este ejercicio, en el que los 83,3 millones previstos inicialmente tendrán que ser complementados con casi 26 millones más.

Para 2017, la consejera prevé mejorar la conexión del salario social con el Servicio Público de Empleo, analizar el impacto que ha tenido tras diez años de su puesta en marcha, agilizar las revisiones de expedientes y crear seis nuevos puestos de trabajo para mantener el ritmo actual de tramitación.

En materia de dependencia, en el que la consejera ha dicho que es necesario ya llegar a un Pacto de Estado que permita atender a este colectivo de forma adecuada, se prevén ayudas por un importe de 32,4 millones de euros, 4 millones más de los gastados en 2015.

Varela ha destacado que la ayuda a domicilio va a contar con 1,4 millones de euros más y que se beneficiarán 4.400 dependientes.

También se incrementarán en cerca de 2,4 millones de euros la partida destinada a servicios sociales de proximidad (38,1 millones), mientras que el plan concertado con los ayuntamientos estará dotado con 28 millones de euros, en los que se incluyen las ayudas previstas para luchar contra la pobreza energética, que se elevarán a más de 1,4 millones y beneficiarán a unas 4.000 familias.

Varela ha destacado también que las ayudas para el acogimiento de menores por parte de familias se va a incrementar un 26 por ciento, hasta cerca de 1,35 millones con el fin de fortalecer este programa.

El ERA, que dispondrá de 202 nuevas plazas públicas y concertadas, prevé invertir 3,78 millones para finalizar la reforma del centro polivalente de recursos Naranco, iniciar la residencia de Lugones, licitar otra en Cangas del Narcea y mejorar otros centros.

En materia de Vivienda, la Consejería prevé invertir 4,2 millones en el parque público de viviendas en alquiler que permitirán finalizar de 45 pisos en Langreo Centro e iniciar otras 96.

En definitiva, Varela ha asegurado que con este presupuesto se mantendrá el conjunto de las prestaciones y servicios del sistema público de servicios sociales, el apoyo a las personas con mayores dificultades y la lucha contra la exclusión.

Sin embargo, el popular Matías Rodríguez Feito ha asegurado que se trata de un "proyecto de subsistencia que no paga lo que debe" a las asociaciones del tercer sector y que tampoco corrige los desequilibrios territoriales que hay porque no atiende las necesidades que en materia de residencias o vivienda hay en las alas.

Rodríguez Feito ha dicho que el proyecto no apoya a quienes más lo necesitan, que contempla una pobre inversión real y unas cifras insuficientes para atender servicios como el salario social, a pesar de que se vive un momento de mejora económica que, en su opinión, no se ha sabido aprovechar.

Desde Podemos, la diputada Rosa Espiño ha señalado que más que un presupuesto "esto vuelve a ser una sala de espera" porque mientras baja la ejecución presupuestaria, aumentan las personas que no reciben ayudas a la dependencia o no la tienen reconocida.

Espiño ha criticado también la falta de personal para tramitar el salario social, ha asegurado que el esfuerzo que hace el Gobierno en el ERA es sólo de 76 millones de euros porque 42 millones los aportan los usuarios y que en materia de vivienda, se rebajan un 2 por ciento las inversiones para favorecer el acceso a la vivienda.

La diputada de IU Marta Pulgar ha dado por aclaradas bastantes de sus dudas y ha incidido en que lo peor que le puede pasar a Asturias es una prórroga parlamentaria, frente a unas cuentas progresistas que luchen contra la exclusión, la pobreza y los más vulnerables.

Pulgar ha valorado el esfuerzo que se plantea en el salario social o las residencias para ancianos, que en el caso de las políticas de vivienda, en su opinión, se ha quedado corto.

La diputada de Ciudadanos, Diana Sánchez, se ha preguntado qué está fallando en Asturias para que haya tanta gente que tenga que recurrir al salario social, antes de asegurar que hay partidas insuficientes en materia de dependencia o infancia.

El parlamentario de Foro Pedro Leal también ha advertido que gran parte de los recursos de la Consejería se van en el salario social, que se está priorizando sin que se contemplen alternativas acordadas con la Consejería de Empleo y que se está limitando, en su opinión, a repartir la pobreza.