Ángel González dice que siempre actuó desde la legalidad y que no piensa dimitir

El portavoz de IU en la Junta General del Principado, Ángel González, ha asegurado hoy que a lo largo de su trayectoria política nunca ha actuado con el ánimo de perjudicar o beneficiar a nadie saltándose las leyes y que, aunque haya sido imputado por prevaricación, no piensa dimitir de ningún cargo "porque no hay ningún motivo para eso".

González se ha pronunciado en estos términos en una rueda de prensa convocada a raíz de que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) anunciase hoy que había admitido a trámite una denuncia de la Fiscalía contra él por un supuesto delito de prevaricación.

La denuncia está relacionada con unos contratos efectuados en 2010 cuando González era viceconsejero de Bienestar Social, cuestión sobre la que deberá declarar como imputado el próximo día 12.

González ha afirmado que siempre ha actuado desde la legalidad y que nuca trató de perjudicar o beneficiar a nadie con decisiones como las que le han llevado a estar imputado y que, en cualquier caso, determinaban los funcionarios.

Ha añadido que se siente respaldado por la dirección de la coalición y que el coordinador general de IU en Asturias, Manuel González Orviz, le ha dado su apoyo y no le ha pedido que abandone sus cargos.

Hace tres semanas, Orviz pidió públicamente al PSOE que apartase cautelarmente de las responsabilidades que pudieran tener "e incluso de la propia militancia" a la exconsejera de Cultura y de Administraciones Públicas del Gobierno regional, Ana Rosa Migoya, y al exdirector general de Promoción Cultural, Carlos Madera.

Orviz hizo esa petición al hacerse pública la imputación de ambos por el juez que instruye el 'caso Marea ya que, según señaló Orviz, es "lo que procede en estos casos, sin prejuzgar las posteriores decisiones de los tribunales".

Al ser preguntado sobre este extremo, Ángel González ha incidido en que piensa defenderse de las acusaciones y que no piensa dimitir de los cargos que obstenta, como los de portavoz en la Junta General del Principado, "porque no hay ningún motivo".

Ha asegurado que, en todo caso, hay que ver la naturaleza de los cargos que se imputan en cada caso y que el coordinador regional de IU "no le ha planteado nada de ese tipo".

"Por ahí, absoluta normalidad porque no hay nada que ocultar", ha subrayado González, que ha asegurado que va a "seguir luchando hasta el final", que tiene la conciencia tranquila y que su única preocupación es política por si este asunto trata de utilizarse "contra la democracia y contra IU".

Los hechos por los que ha sido imputado González se remontan a los últimos meses de la última etapa de gobierno de Vicente Álvarez Areces, por la forma en la que se contrató la adquisición de una treintena de monolitos para marcar fosas comunes y enterramientos realizados durante la guerra civil en Asturias.

El exviceconsejero ha reconocido hoy que se hicieron tres contratos, uno para la zona central, otro para la oriental y otro para la occidental, por un importe de 50.000 euros que permitió la colocación de esos monolitos en una treintena de lugares por fases.

Según el TSJA, en esa actuación pudo darse un "fraccionamiento ilegal" en la tramitación y ejecución de contratos menores, a tenor de la información facilitada a la fiscalía desde la Sindicatura de Cuentas.

De las diligencias practicadas, la Fiscalía considera que en septiembre de 2010 la jefa del Servicio de Asuntos Generales de la Consejería de Bienestar Social recibió la orden verbal por el viceconsejero o el secretario general técnico de tramitar un contrato de 76 hitos con un presupuesto de gastos de menos de 50.000 euros.

González ha asegurado hoy que había que acometer ese trabajo por fases porque había que colocar esos monolitos en 360 enterramientos y fosas comunes de la Guerra Civil y el franquismo en función de las disponibilidades presupuestarias y de las distintas zonas en las que se ubicaban pero que él no ordenó nunca cómo había que contratar su instalación ni que se fraccionase el contrato con el ánimo de saltarse la ley.

"Sólo hubo beneficios políticos, y con 70 años de retraso para tantos fusilados. No hubo por tanto ningún trato de favor hacia ninguna persona", ha señalado González, que ha subrayado en varias ocasiones que él nunca ordenó a nadie saltarse ninguna ley, "l o diga quien lo diga".

Gonzáles se refería así a la jefa de servicio de Asuntos Generales de la Consejería de Bienestar Social que, según el fiscal que ha planteado la imputación, se negó a tramitar el expediente de instalación de los monolitos como un contrato menor de suministros tras advertir de que debería tramitarse como un procedimiento negociado.

González ha asegurado hoy que en ningún caso se dijo de que la forma de contratar fuese ilegal, que no hubo reparos a la actuación y que no tuvo nunca problemas con esa jefa de servicio, aunque siempre puede haber distintas interpretaciones sobre un mimo asunto.

Según la Fiscalía, la contratación de los monolitos se produjo finalmente como había indicado el entonces viceconsejero mediante el fraccionamiento del contrato.