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EFE , 21-02-2012 21:12 h
Arce considera inadecuado que la Diputación Permanente pueda tramitar el proyecto presentado
El informe jurídico del letrado mayor de la Junta General, Alberto Arce, sobre la iniciativa del Gobierno de pedir a la Cámara que le autorice a realizar operaciones de endeudamiento por importe de 486,5 millones considera inadecuado que la Diputación Permanente pueda legislar sobre este asunto.
El documento será estudiado mañana por la Mesa de la Diputación Permanente que deberá decidir si se tramita o no la iniciativa del Ejecutivo después de que PSOE y PP advirtieran de que esperarían a conocer el informe jurídico antes de decidir si apoyarían o no la propuesta del Gobierno.
El informe reitera la "unanimidad doctrinal" sobre la inviabilidad de dar potestad legislativa a las Diputaciones Permanentes dado que "no actúa por delegación" de la Cámara sino como "órgano de suplencia parcial" en los periodos en los que no hay periodo de sesiones o el Parlamento ha sido disuelto.
Además, recuerda que en el caso de la Junta General es el Pleno el que monopoliza la aprobación de las leyes y se pregunta qué tramite habría que darle a la iniciativa en caso de que siguiera adelante dado que no la Diputación Permanente carece de las comisiones o ponencias necesarias para tramitar una ley.
El letrado incide en que, dado que la facultad de disolver la Cámara es exclusiva del presidente, no resultaría "congruente" que el Ejecutivo pudiese obtener del Parlamento que ha disuelto el apoyo legislativo si hasta ese momento había resultado insuficiente.
Así, plantea que también la oposición podría neutralizar la efectiva de esta prerrogativa presidencial si, una vez disuelta la Cámara, "pudiera hacer uso de la herramienta más potente del Parlamento que es la ley" lo que daría al traste con el equilibrio entre los órganos institucionales de la comunidad autónoma.
En cuanto a los precedentes aludidos por el Gobierno, el informe recuerda que los proyectos de ley aprobados por la Diputación Permanente en 1999 habían sido presentados por el Ejecutivo dentro del periodo de sesiones y habían seguido sus trámites en ponencia y comisión antes de que se convocaran las elecciones de manera que lo único que se hizo en dicho órgano fue la votación final.
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