Vilanova y Rosón niegan haber participado en la ocupación de La Madreña

Fiscalía pide una multa de 1.440 euros para cada uno de los 10 acusados

El diputado regional de Podemos Asturies, Andrés Fernández Vilanova, y el concejal de Economía de Oviedo, Rubén Rosón, que hoy son juzgados en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias por la ocupación de La Madreña, han negado su participación en la ocupación del edificio, así como tener conocimiento de las personas que lo ocuparon.

Fernández Vilanova, que ha sido el primero de los 10 acusados en declarar, ha señalado que participó en las actividades del centro "al mes de su apertura", y que colaboró ordenando la ropa del depósito y juguetes, y que acudió a charlas y conciertos, entre otros.

Respecto al día del desalojo, ha reconocido que estaba en el interior del centro, aunque ha apuntado que no durmió allí, ya que pasó toda la noche estudiando sus "materias de pediatría".

Además, ha declarado que la puerta "siempre estaba abierta", a pesar de que el día del desalojo la valla estaba cerrada con un candado y las puertas bloqueadas con tabiques y armarios.

Sobre este asunto, ha subrayado que no vio a nadie cerrar el centro aquel día, ya que cuando entró estaba la "vía libre" y en ese momento estaba en la parte superior del edificio estudiando.

Durante su declaración, que ha realizado alternando el castellano y el asturiano, ha defendido que La Madreña era un centro abierto a todo el mundo, que realizaba actividades gratuitas, y que ninguno de los que colaboraba en él "se escondía" de ello.

Por su parte, Rosón ha admitido que La Madreña era un centro en el que se realizaban actividades de carácter social, aunque ha hecho hincapié en que no había ningún colectivo que lo dirigiese, ya que todo lo que se organizaba nacía de las personas que acudían allí de manera espontánea.

Acerca del estado del edificio a su llegada, ha relatado que estaba totalmente abandonado, con expedientes administrativos y sanitarios tirados, y sin ningún tipo de guarda o personal de seguridad que les advirtiese o impidiese la entrada.

A pesar de que ha reconocido su participación en las asambleas, y de que el fiscal le ha leído fragmentos de actas de las mismas en las que se habla de grupos de gestión del centro, ha negado tener conocimiento de ello, así como haber colaborado en su elaboración.

Respecto al incidente policial del día 16 de noviembre, ha asegurado que aquel día no estuvo en el centro ni fue identificado por los agentes, por lo que ha señalado que "debe haber sido un error" del escrito.

Al igual que Vilanova, ha declarado que el día del desalojo se encontró la puerta abierta, sin ningún obstáculo o candado, y ha negado conocer quién bloqueó la valla y la entrada al edificio.

Los 10 acusados, Rosón y el propio Vilanova, han contando con el apoyo de varios compañeros de partido y de usuarios del centro, que han abarrotado la sala en la que se ha celebrado la sesión.

Antes del juicio se ha celebrado una concentración de apoyo a los encausados en los exteriores de la sede del Tribunal Superior de Justicia.

Allí se han dado cita varios diputados de Podemos como Emilio León, Daniel Ripa y Enrique López además de un grupo numeroso de personas que han prestado su respaldo a los activistas de La Madreña.

Durante el acto se han coreado consignas en favor del movimiento asociativo que se instaló en la antigua consejería de Sanidad en Oviedo.

En esta causa, la Fiscalía solicita la imposición de una multa de 1.440 euros para cada uno de los diez integrantes del movimiento La Madreña acusados de un delito de usurpación.

En su escrito, el fiscal relata que los acusados ocuparon el edificio, ubicado en el número 32 de la calle General Elorza de Oviedo y deshabitado el 15 de noviembre de 2011, sin contar con autorización del propietarios, la empresa pública Sedes, y con el "ánimo de utilizarlo de forma permanente para fines personales".

Tras ocupar el edificio, los acusados colocaron carteles en las ventanas y vallas de la finca con las leyendas "okupación temporal", "espacio libre 15 M", "un desahucio una okupación", "garra lo que ye tuyo" y otras similares.

La Fiscalía añade que el colectivo de personas, del que formaban parte activa los diez acusados, "sin solicitar ni obtener ningún permiso del titular del edificio, comenzó a realizar en él, de forma permanente y continuada, reuniones, charlas y otras actividades a las que acudieron personas diversas", hasta que el inmueble fue desalojado por la Policía Nacional el 3 de junio de 2014.