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Fuente: EFE, 7 de marzo. 2013 21:18

El exalcalde de Cudillero será juzgado por los delitos de cohecho y exacciones ilegales

El diputado regional Francisco González
El exalcalde de Cudillero será juzgado por los delitos de cohecho y exacciones ilegales

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha incoado procedimiento para enjuiciar al amparo de la ley del jurado los delitos de cohecho y exacciones ilegales por cobros a hosteleros a cambio de seguridad de los que está acusado el diputado regional del PSOE y exalcalde de Cudillero Francisco González en una querella presentada por un sargento de la Policía Local.

El instructor ha citado a todas las partes el próximo día 14 para celebrar la comparecencia prevista en la ley del jurado, informa el TSJA.

Además, ha deducido los correspondientes testimonios para la instrucción y enjuiciamiento por separado de todo lo relacionado con presuntos delitos de denuncia falsa y falso testimonio.

En un auto, el magistrado comunica que pudiendo ser constitutivos de dichos delitos los hechos descritos en la querella y toda vez que son de los que han de ser enjuiciados con jurado procede incoar este procedimiento, que concluirá con sobreseimiento o apertura del juicio.

El magistrado expone que de lo hasta ahora actuado hay indicios de que entre los años 2003 y 2008 y probablemente con anterioridad el Ayuntamiento de Cudillero cobró a los hosteleros que instalaban unos chiringuitos durante la temporada estival en la zona del puerto determinadas cantidades de dinero en concepto de servicio de vigilancia nocturna realizado por la Policía Local.

Añade que fue Francisco González, entonces alcalde de Cudillero, quien decidió que dichos hosteleros pagasen por el referido servicio al estimarlo imprescindible para preservar la seguridad ciudadana en el entorno de los chiringuitos.

El instructor agrega que M.V.P.G., como concejala, fue la encargada de ejecutar la decisión del alcalde para lo que dispuso de la colaboración de M.A.A.O., funcionaria que ejercía funciones de tesorería, y del entonces jefe de la Policía Local, J.C.A., todos ellos también imputados.

Explica que el procedimiento para materializar los pagos por los hosteleros y cobros por el ayuntamiento era casi siempre el mismo.

Los hosteleros entregaban en mano y en efectivo a la tesorera municipal el importe estipulado por el servicio contra un recibo que ésta les extendía con el sello del ayuntamiento.

El dinero era entregado al jefe de la Policía Local, que lo repartía entre los integrantes de la plantilla de este Cuerpo, también en efectivo y sin que constara en la nómina, en proporción a las horas de vigilancia nocturna realizadas por cada uno de ellos en el entorno de los chiringuitos.

Los hosteleros accedían al pago de tal servicio para poder seguir instalando y explotando los chiringuitos y no consta la existencia de ordenanza fiscal alguna que estableciera y regulara una tasa por el referido servicio de vigilancia.

El magistrado instructor indica que el sargento de la Policía Local que presentó la querella se negó a seguir con tal práctica por considerarla ilegal y "como represalia" Francisco González "urdió una trama" contra él "para acusarlo de cohecho por solicitar de la comisión de Festejos 120 euros por policía y día para prestar servicios extraordinarios de vigilancia durante las fiestas patronales".

Por tal imputación se le incoó al sargento un expediente disciplinario que se trasladó a la Fiscalía, que presentó denuncia, dando lugar a un proceso penal que desembocó en un juicio con jurado, tras el que el sargento fue absuelto.

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