La juez que investiga la trama del agua, Elena González, ha imputado a ocho representantes políticos, siete del Partido Popular y uno del Partido Socialista.
Todos están imputados por un presunto delito de cohecho y de tráfico de influencias. Entre los que aparecen en la providencia, el alcalde popular de Coaña, Salvador Méndez, y el exdirector de Administración Local del Principado, José Balmori.
También están imputados Rosana González, María Rosa Suárez, José Ramón Pérez y María Isabel Prieto. La juez imputa también al concejal del PP de Navia y candidato en 2011 a la alcaldía, Roberto Santiago, y al que fuera secretario de comunicación del PP asturiano, Joaquín Fernández.
Los imputados supuestamente se beneficiaron de estancias en el balneario de Las Caldas y de un viaje a A Coruña pagados por la empresa Aquagest.
La juez se inhibe en favor del Tribunal Superior de Cantabria en el caso del presidente de Cantabria, Juan Ignacio de Diego, y de su consejero de Obras Públicas, Javier Rodríguez.
Aquagest, que también ha sido imputada, está siendo investigada dentro del denominado 'caso Pokemon' que afecta a varios ayuntamientos de Galicia y que supuestamente se habría extendido a otros ayuntamientos de Asturias donde Aquagest se hizo con el servicio municipal de aguas.
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