Una jueza de Avilés ha imputado a la empresa Aquagest, responsable del servicio de aguas en varios municipios asturianos, por la presunta comisión de un delito continuado de tráfico de influencias, fraude y exacciones ilegales.
La magistrada investiga la adjudicación de contratos a Aquagest por parte de ayuntamientos como Avilés, Llanes o Cangas del Narcea.
Esta es una causa derivada del caso Pokemon cuyos principales implicados son políticos gallegos.
Además de imputar a Aquagest, la jueza avilesina quiere saber quién contrató una serie de estancias en el balneario de Las Caldas que fueron pagadas por Aquagest y de las que supuestamente se beneficiaron varios políticos en activo.
Entre ellos, el actual director general de administración local y ex concejal llanisco, José Balmori, la ex concejala del PP en El Franco y ex diputada regional, Rebeca Álvarez, y los actuales presidente y consejero de obras públicas de Cantabria, Juan Ignacio Diego y Francisco Javier Rodríguez, ambos del PP.
La magistrada quiere saber qué cargos ocupan ahora todos ellos y qué cargos tenían cuando se alojaron en Las Caldas.
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