La Auxiliar de Recaudación advierte al tripartito de posibles irregularidades

Pide que se prorrogue durante un año más la concesión

La Auxiliar de Recaudación, la empresa concesionaria desde 2011 del servicio de cobro de los tributos municipales en Oviedo, ha advertido hoy al equipo de gobierno de las posibles irregularidades en las que se puede estar incurriendo en proceso abierto para remunicipalizar dicha actividad.

En un comunicado, el letrado que representa a la empresa, Marcelino Tamargo, ha anunciado la presentación de un escrito en el Ayuntamiento en el que pide que se prorrogue durante un año más la concesión a La Auxiliar, una posibilidad que se recoge en el contrato que les fue adjudicado en 2011 mediante concurso público.

A su juicio, el Ayuntamiento de Oviedo no está obrando de la manera adecuada y, de seguir por ese camino, incluso podría incurrir en un delito al decidir sin convocatoria pública quién debe ocuparse del servicio de recaudación.

El Ayuntamiento está negociando con el Ente Tributario del Principado que asuma la gestión a partir del 1 de enero después de que los tribunales paralizaran cautelarmente parte de los procesos de selección del personal convocados para remunicipalizar un servicio privatizado por el PP hace casi veinte años.

El letrado que representa a la empresa concesionaria recuerda que en 2011 el Ente Tributario se presentó al concurso público que ganó La Auxiliar de Recaudación cuyo proyecto, afirma, "superó en casi todos los baremos al del ente autonómico".

A su juicio, "sorprende" que vaya a prestar el servicio la sociedad que no se consideró entonces la más adecuada sin presentar un nuevo proyecto que subsane las deficiencias del presentado al concurso" e incide en que, ante la imposibilidad de poner en marcha la oficina en la fecha prevista por las decisiones judiciales, el Ayuntamiento debería abrir un nuevo concurso "y no licitar a dedo".

En este sentido, apunta además que una de las condiciones del concurso que ganó La Auxiliar de Recaudación era que debían subrogar a todo el personal de la antigua adjudicataria, "mientras que esta medida no se le exige al Ente, lo que supone que todos los trabajadores de la actual empresa se quedan sin empleo".

El letrado cuestiona además que vaya a generarse el ahorro anunciado por el tripartito al remunicipalizar el servicio dado que se dejarán de ingresar los 7 millones de euros que la empresa pagaba en concepto de adelanto, que el servicio que ofrece el Principado no es gratuito y que el ente público no incluye la recaudación de multas, las licencias urbanísticas y otras tasas.