La operación “Pokémon” cumple un año bajo secreto de sumario con más de 30 imputados

Entre los imputados se encuentra el expresidente del PP en San Martín del Rey Aurelio, Joaquín Fernández Díaz

La Operación Pokémon se puso en marcha para investigar la existencia de una supuesta trama para obtener contratos y concesiones públicas a base de sobornos en distintas administraciones gallegas, pero las pesquisas, transcurrido prácticamente un año, han llegado también a Asturias y a Cataluña.
A punto de cumplirse un año desde el inicio de la operación, con la detención de una docena de personas, la causa que instruye la titular de Juzgado de Instrucción Número 1 de Lugo, Pilar de Lara, sigue bajo secreto de sumario y de poco han servido las quejas de los abogados que se ocupan de la defensa de los más de treinta imputados.

La Operación convulsionó a la opinión pública el 20 de septiembre del pasado año, a menos de un mes de las elecciones autonómicas gallegas, cuando fueron detenidos los que entonces eran alcaldes de Ourense, el socialista Francisco Rodríguez, y Boqueixón, el popular Adolfo Gacio, que quedaron en libertad tras abonar sendas fianzas de 6.000 y 10.000 euros, aunque tuvieron que dimitir de sus cargos.

Entre los imputados gallegos se encuentran el presidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil y concejal de Economía y Urbanismo en el Ayuntamiento de Lugo, Francisco Fernández Liñares, el responsable de la empresa que gestiona el sistema ORA en Lugo, Javier Reguera y tres alcaldes gallegos, el de O Carballiño (Ourense), Argimiro Marnotes (PP); el de Santiago de Compostela, Ángel Currás (PP); y el de Lugo, José López Orozco (PSdeG-PSOE).

En la actualidad, el número de imputados en la Operación Pokémon supera ya la treintena, dado que a las cuatro detenciones practicadas en Galicia durante la segunda fase de la investigación, hay que sumarles otras cinco practicadas entre Cataluña y Asturias.

En Asturias, fue imputado el expresidente del PP en San Martín del Rey Aurelio, Joaquín Fernández Díaz, suspendido por el partido de sus funciones a raíz de esta situación, así como el alcalde de Sant Hilari de Sacalm (Girona), Robert Fauria (CIU), un funcionario del Consell Comarcal de la Selva y los dos responsables de una empresa catalana.