Los expertos dudan de la eficacia de una ley autonómica 'antifracking' sin una normativa europea detrás

El Parlamento asturiano ha aprobado esta semana una proposición no de ley para prohibir el fracking para prevenir las consecuencias de esta técnica para extraer gas en la salud del medio ambiente y de los ciudadanos. 

Esta aprobación es una declaración de intenciones, basada en el principio de precaución y en un informe del Parlamento Europeo que asegura que la técnica de fracking entraña riesgos para el medioambiente y la salud de las personas. 

En el Parlamento asturiano hay unanimidad de todos los grupos a excepción de UPyD, que se abstuvo porque es más partidario de una moratoria, como existe en Alemania. Ahora, es el Gobierno regional quien tendrá que convertir este proyecto en ley. 

El problema estriba en que no hay normativa europea que prohiba expresamente la práctica del fracking para la obtención de gas no convencional. La legislación de los distintos países miembros es de lo más variopinta: Reino Unido y Polonia la potencian, Francia la prohibe y en España, no hay normativa. Aunque el ministro competente, el de Industria, lo aplaude, el PP asturiano lo rechaza.

En 2011, el Gobierno de Foro, que ahora se ha posicionado en contra del fracking, aprobó tres proyectos de investigación para localizar gas esquisto, el que se refugia en los poros de la pizarra a más de mil metros de profundidad en el subsuelo asturiano. En el litoral y en la costa, la competencia es nacional y es Madrid quien otorga los permisos.

Quienes tienen la responsabilidad de legislar, dicen diferenciar entre investigar y explotar, pero la ausencia de una normativa específica no convence a vecinos y ecologistas y es, precisamente, el movimiento ciudadano quien hace saltar las alarmas. Los ayuntamientos de Cabranes, Nava, Villaviosa, y ahora Noreña, se han postulado en contra del fracking.