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Este año ha entrado en vigor la reforma de la Ley Concursal, la que regula los crecientes procedimientos de insolvencia de empresas y también de personas. Los cambios persiguen agilizar estos procesos y también dar mayor protección a los trabajadores.

Nuria Orellana es una de las cuatro magistradas elegidas por el Ministerio de Justicia para modificar la Ley que, entre otras cosas, establece mecanismos para dar celeridad a la suspensión o extinción de contratos cuando los trabajadores así lo quieran.

"Hay casos en los que los trabajadores no quieren que se extingan sus contratos, no quieren que la empresa cierre, ni siquiera sea declarada en concurso pero hay casos en que o bien quieren la suspensión de los contratos porque les permite acceder al desempleo mientras se soluciona una situación coyuntural de la empresa, o bien hay trabajadores que en empresas que ya no tienen actividad son los primeros interesados en que se regularice su situación porque llevan meses sin cobrar", señala Orellana.

La Ley también prevé que si empresa y trabajadores llegan a un acuerdo se suprima el periodo de consultas para ganar tiempo. 

"Se ha previsto también la posibilidad de fijar indemnizaciones superiores en el periodo de consultas, que era una cuestión dudosa", asegura la magistrada.

Son mejoras pero no hay que olvidar, según remarca esta jueza, que estamos ante situaciones que suelen ser dramáticas y que conllevan destrucción de empleo.

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