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Fuente: RTPA, 17 de diciembre. 2011 20:04

Asturias suspende en la aplicación de la Ley de la Dependencia

Personas dependientes
Asturias suspende en la aplicación de la Ley de la Dependencia

Asturias es una de las seis comunidades autonómas que suspende en la aplicación de la Ley de la Depedencia. Así se desprende del Observatorio Estatal de esta norma, que se ha difundido hoy. 

Baja de 3 puntos sobre 10 a 2'5, y queda por detrás tan solo de Canarias y la Comunidad Valenciana. En Asturias no sólo no se dan ayudas a nuevos dependientes, sino que las cantidades que quedan vacantes por fallecimiento del dependiente, no se asignan a nadie.

La aplicación de la Ley de la Dependencia ha sufrido un estancamiento en los últimos 6 meses, debido sobre todo a los recortes presupuestarios, de unos 1.000 millones de euros en total. Hay unos 130.000 dependientes graves que no perciben ninguna ayuda en este momento. 

El País Vasco y Castilla y León son las dos primeras comunidades

de España que han obtenido un sobresaliente, ya que han recibido un

"diez sobre diez", la máxima puntuación en todos los parámetros de

eficiencia elegidos por la Asociación Española de Directoras y

Gerentes de Servicios Sociales para medir la aplicación del sistema,

tales como gestión, servicios, listas de espera, gastos por

habitante o investigación, entre otros.

Así lo ha anunciado hoy el presidente de la Asociación, José

Manuel Ramírez, quien ha lamentado que se sigan "cronificando las

puntuaciones paupérrimas" de Canarias, con un 0,05; Valencia, con un 2; Asturias que retrocede de 3 a 2,5; Ceuta y Melilla (3); Madrid

(4) y Baleares (4,5) que "son las que suspenden".

Se detecta en estos últimos seis meses una "paralización y un

estancamiento" de la Ley, lo que lleva a los expertos a tener una

"preocupación gravísima" en algunas comunidades, donde "ni siquiera se aplica la tasa de reposición", es decir, reemplazar a aquellas personas que fallecen por otras de la lista de espera.

Ramírez ha calificado la Ley de Dependencia como "el mayor avance

en política social que ha existido en España en los últimos cinco

años", al permitir que 750.000 afectados y sus familias estén

recibiendo servicios y al crear 150.000 nuevos empleos.

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