RTPA ,
22-01-2012 18:06 h
La Universidad de Salamanca ha recabado este dato tras realizar un estudio en el que alerta de que paliar los problemas de una persona dependiente supone el 40% de los ingresos de una familia, en caso de una discapacidad moderada, y del 70% en caso de que la discapacidad limite totalmente a la persona.
Cocemfe Asturias estima que los costes mínimos para atender a una persona dependiente van de los 900 a los casi 2000 euros, en función de su incapacidad y de si es atendida en su domicilio o vive en un centro.
Por eso, instalaciones como la de Cocemfe, son la única salida para muchas familias de grandes dependientes. Es el caso de César. Su hija vive en este centro desde que abrió sus puertas, pero casi toda su paga se va en costear su estancia.
Con ejemplos como estos no es de extrañar que el 90% de las personas que tienen discapacidad grave estén en situación de pobreza.
Más diligencia
Por su parte, el sindicato CCOO ha solicitado al Ejecutivo asturiano "mucha más diligencia" en todo lo relativo a la gestión de las prestaciones por Dependencia.
La organización confía en que el aumento presupuestario anunciado por el Gobierno (concretamente el incremento del 19,2% para la Dependencia) resuelva un problema que "preocupa especialmente" a su sindicato.
CCOO sostiene que la moratoria para la implantación del Sistema de Dependencia (SAAD), aprobada en el Real Decreto Ley 20/2011, de 30 de diciembre, no hará sino dar amparo legal a un incipiente proceso de "paralización" que, en el caso de Asturias, ha venido reafirmándose con carácter general en los últimos meses.
Así, lo recoge un informe que acaba de elaborar CCOO en Asturias y que se centra particularmente en la evolución de la atención a la Dependencia desde las últimas elecciones autonómicas.
El sindicato considera que el pretendido "ahorro" en el gasto con la moratoria será realmente bajo y en ningún caso justificaría una quiebra del principio de igualdad de las personas dependientes en su derecho al acceso a las coberturas del Sistema.
En Asturias, los datos a 1 de enero de 2012 muestran que el porcentaje de beneficiarios en relación a la población (1,32%) está por debajo de la media estatal (1,59%).