Asturias aprueba su ley de Memoria Democrática

Obligará al Principado a asumir los gastos de inhumación de las fosas comunes de la Guerra Civil y del franquismo

Asturias cuenta ya con una Ley de Memoria Democrática que obligará al Principado a asumir los gastos de inhumación de las fosas comunes de la Guerra Civil y del franquismo y que contempla sanciones de hasta 150.000 euros para quienes destruyan dichos enterramientos.

Esta nueva normativa ha salido adelante este viernes en el pleno de la Junta General del Principado con el voto de IU -que impulsó la iniciativa- PSOE, Podemos y Ciudadanos, mientras que Partido Popular y Foro votaron en contra por considerarla innecesaria y porque ven en ella un uso interesado de la historia que, más que propiciar la reconciliación, ahondará en la división de la sociedad.

De hecho, el portavoz de Foro, Pedro Leal, se ha referido a la ley como la de "Desmemoria democrática" y ha asegurado que supone "la antesala de la próxima ley de memoria de pensamiento único" en la que se parte de "la gran mentira que es decir que se es de izquierdas o no se es democrático"

"Nos quieren imponer la ideología y la historia. No existe la memoria democrática, existe la democracia, y no existe la memoria histórica, existe la historia, y por más que quieran eso no se va a cambiar", ha afirmado el parlamentario forista, para quien "este despropósito y chapuza legislativa" sólo busca "la venganza, la división y el odio y no la reconciliación".

Para el popular Rafael Alonso se trata también de una ley "innecesaria e ideológica" porque "no aporta nada y sólo va dirigida a una parte de la sociedad" ya que, según el parlamentario del PP, es producto del "consenso de la izquierda" y, más que una reconciliación "que ya tenemos", propicia la división y polarización de la sociedad.

Por contra, la portavoz de IU, Concha Masa, ha afirmado que intervenciones como la de Leal, "por sí, ya deja clara la necesidad de esta ley" que, a su juicio, sí que busca restañar heridas, la concordia y reconciliación, que cuenta con amplio consenso y que debe ser motivo de orgullo "como reflejo de madurez democrática".

El socialista Marcos Gutiérrez Escandón ha compartido que esta ley es necesaria porque sirve para fortalecer la democracia y no para poner la historia al servicio de la batalla ideológica.

El texto no incorporó las enmiendas que había reservado Podemos, y que ha defendido la diputada Rosa Espiño, con el objetivo de que la ley incluyese también a las víctimas de robos de bebés entre los años 1979 y 1990 investigación del robo de bebés.

El texto "impulsa y refuerza" el papel de la administración autonómica respecto a lo previsto en la ley estatal para salvaguardar los derechos de las víctimas del franquismo.

Así, la nueva normativa reconoce a los ciudadanos el derecho a localizar a las personas desaparecidas en Asturias y atribuye al Principado la obligación de tomar las medidas necesarias para hacerlo y asumir los gastos derivados de la identificación de los cadáveres y de su sepelio e inhumación así como de trasladar a la autoridad judicial las pruebas de los posibles delitos.

Los terrenos que ocupan las fosas podrán tendrán consideración de fines de utilidad pública o interés social para permitir su ocupación temporal durante dos años y en los que sean de titularidad privada se buscará un acuerdo con sus propietarios y, en caso de no alcanzarse, se procederá a su expropiación.

En este sentido, el régimen sancionador de la ley considera infracción muy grave -con multa de entre 10.000 y 150.000 euros- la construcción o remoción de terrenos sin autorización donde haya certeza de la existencia de desaparecidos; las excavaciones sin autorización; la destrucción de zonas ya incluidas en el mapa de fosas o de aquellas que constituyeran un hallazgo desconocido.

Como infracción grave -con multa de entre 2.000 y 10.000 euros- se tipifica la no conservación de lugares de la memoria democrática; trasladar restos sin autorización; no comunicar el hallazgo de restos o no retirar elementos conmemorativos del franquismo, incluidos los que estén en propiedades privadas que den a la vía pública.

La ley contempla también la elaboración de un censo de víctimas o desaparecidos con datos aportados por las familias así como la creación de un banco de ADN que permita cotejar los restos de personas desconocidas y exhumadas de una fosa con los de los familiares que se incorporen a dicho registro.

Asimismo, obliga al Principado a dar a quienes formaron parte del Consejo Interprovincial de Asturias y León y del Consejo Soberano de Asturias y León durante la Guerra Civil un trato "análogo" al que reciben quienes han formado parte de los gobiernos autonómicos, un reconocimiento extensible a quienes trabajaron para esos órganos y que deberá será desarrollado por vía reglamentaria.