Destrozado política, personal y económicamente, asegura sentirse el exalcalde de Cudillero, Francisco González, que hoy ha apelado al Tribunal Superior de Justicia la sentencia que le condenó a cuatro años de suspensión de cargo público y a abonar 14.400 euros por cobros ilegales a los hosteleros pixuetos.
Su defensa se ha basado en que ese delito de exacciones ilegales ya ha prescrito y en que de haberlo él no tubo ninguna intención ya que como ha vuelto a asegurar, no se llevó un euro.
La concejala también condenada, Verena Prendes, habló de vendeta de los hosteleros que denunciaron.
El exalcalde y ex iputado de la Junta, apartado desde hace dos años de la vida política argumentó que ahora tras destrozarle políticamente está intentado montar un pequeño negocio de hostelería y sacar adelante a su familia ya que tiene dos hijos en paro.
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