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Fuente: EFE, 25 de marzo. 2014 21:29

La funcionaria dice que avisó a González de que incurría en fraccionamiento

Segunda sesión del juicio contra Ángel González y Roberto Moro
La funcionaria dice que avisó a González de que incurría en fraccionamiento

"Ángel, esto así no se puede hacer"

La ex jefa de servicio de la Consejería de Bienestar Social Mónica M.A. ha dicho hoy que advirtió al entonces viceconsejero y actual portavoz de IU en el Parlamento asturiano, Ángel González, de que incurriría en fraccionamiento de contratos si tramitaba tal y como él planteaba la adjudicación de la compra de 76 monolitos destinados a las fosas comunes del franquismo.

La funcionaria se ha manifestado así en la segunda sesión del juicio que se sigue en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) contra González y contra el entonces secretario general técnico de la Consejería, Roberto Moro, para los que el fiscal pide 7 y 5 años de inhabilitación respectivamente por un delito de prevaricación.

Después de que González afirmara que no se había reunido con la funcionaria, Mónica M.A. ha reiterado que el entonces viceconsejero acudió a su despacho para interesarse por la tramitación del expediente, que ella pretendía tramitar como un contrato de suministro negociado y sin publicidad para acelerar su ejecución.

Según su testimonio, González le planteó que lo tramitara como contrato de obra menor dado que su importe no superaba los 50.000 euros, límite máximo para ese tipo de adjudicaciones y que permite llevarlas a cabo únicamente contando con la autorización de gasto.

La funcionaria, de acuerdo con su relato, garantizó que tendría listo el expediente en dos meses, pero que tanto el viceconsejero como Moro optaron que se tramitase como contrato de suministro, cuyo límite para ser considerado menor se sitúa en 18.000 euros, por lo que se negó a tramitarlo de esa manera y el expediente pasó a otro departamento de la Consejería para realizar la contratación.

A preguntas del presidente del tribunal, Ignacio Vidau, sobre si había advertido a González de que se podía incurrir en una ilegalidad, la funcionaria ha asegurado: "Le dije: no, Ángel, esto así no se puede hacer. No encaja en una obra sino en un suministro, habría que hacerlo en tres veces y eso es un fraccionamiento".

"A partir de ahí, le perdí el rastro", ha añadido la ex jefa de servicio, que ha admitido también no haber recibido ninguna orden por escrito en este proceso y que su "gran error" fue no dejar la Consejería en ese momento o haber cesado en un cargo al que había accedido por el sistema de libre designación.

El expediente, que incluía los tres presupuestos presentados por otras tantas empresas, pasó entonces a manos de otro funcionario, Enrique B.Ll., que lo ejecutó a través de tres contratos menores de forma que los monolitos se distribuían para las tres áreas territoriales en que se divide la prestación de servicios sociales.

El empleado público, al que tanto la Fiscalía como las defensas han reprochado que variara algunos aspectos del testimonio que prestó en la fase de instrucción, ha señalado que un día encontró "encima de la mesa" las tres ofertas presentadas por otras tantas empresas sin poder determinar quien las depositó allí más allá de asegurar que suponía que venían de la Viceconsejería.

Así, y tras afirmar que Moro le había dicho explícitamente que el expediente sí se podía tramitar como tres contratos menores de suministro, inició el procedimiento para adjudicar la compra y colocación de los monolitos -que pasaron de 76 a 81 por un "error" suyo, según ha admitido- a la oferta más barata de las presentadas.

La sesión, que se ha prolongado durante más de seis horas y en la que han comparecido once testigos, se ha cerrado con un turno de careos entre ambos funcionarios y de los dos con Roberto Moro después de que tanto la Fiscalía como las defensas apreciaran contradicciones en sus respectivas declaraciones.

La tercera sesión de la vista oral se celebrará el próximo 2 de abril para que las partes expongan las conclusiones finales antes de conceder el derecho de última palabra a los acusados. 

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