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Fuente: EFE, 19 de febrero. 2020 15:33

El Gobierno identifica alternativas a las centrales térmicas en Asturias

Factoría térmica Asturias
El Gobierno identifica alternativas a las centrales térmicas en Asturias

El presidente del Principado defiende la utilidad de los fondos mineros desde su puesta en marcha

La vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha comentado que ha recibido de las empresas titulares de algunas plantas "propuestas muy interesantes y alternativas identificadas" ante el cierre de las centrales térmicas en Asturias.

Ribera ha respondido así a la pregunta sobre transición justa formulada este miércoles en el Congreso por el diputado de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, quien ha planteado que en el último año se han destruido 5.000 empleos en el sector por el cierre, entre otras, de las centrales térmicas de Lada y Soutu.

La ministra ha recordado que el Gobierno se ajusta a "determinadas limitaciones ambientales" de obligado cumplimiento por la Unión Europea (UE), relacionadas con el cambio climático, la minería y las centrales de producción de electricidad mediante combustión de carbón, gasóleo o gas.

Ha reiterado que han solicitado a las empresas titulares de las plantas que trasladen propuestas y ha apuntado que la Administración central trabaja también con los sindicatos, los ayuntamientos y el Gobierno del Principado "para poder generar esas alternativas".

Martínez Oblanca ha subrayado que el sector de la generación eléctrica en Asturias ha sido "el único" que ha empeorado en materia de empleo en el último año, y ha insistido en que "está sumido en la incertidumbre mientras España dispara la compra de electricidad 'sucia' a Marruecos".

El presidente del Principado ha defendido la utilidad de los fondos mineros desde su puesta en marcha

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha defendido hoy la utilidad de los fondos mineros desde su puesta en marcha y ha rechazado, pese a las irregularidades en la gestión detectadas por el Tribunal de Cuentas, que se extienda "la sospecha generalizada" sobre sus gestores.

"No me gusta la sospecha generalizada ni ir por la vida de Torquemada quemando gente y no estoy de acuerdo con que no sirvieron para nada", ha señalado Barbón en su respuesta a una pregunta en el pleno de la portavoz de Podemos, Lorena Gil, sobre el informe de auditoría del Tribunal de Cuentas.

El documento señalaba que los 1.786 millones gestionados en el periodo 2006-2017 y buena parte de los tramitados en el periodo 2013-2018 se distribuyeron con "excesiva ambigüedad y falta de rigor" y mediante una gestión "escasamente orientada a alcanzar una aplicación eficiente y eficaz de los recursos públicos" marcada por un "inadecuado control" y sin hacer exámenes de viabilidad de los proyectos.

Tras subrayar que las recomendaciones del Tribunal de Cuentas se dirigen al Ministerio de Transición Ecológica y al Instituto del Carbón, Barbón ha defendido la actuación de sus gestores en el ámbito autonómico y municipal dado que "una mala praxis no invalida la totalidad de la gestión de los fondos".

Así, ha recordado que esos fondos no estaban destinados solo a generar empleo sino a financiar infraestructuras que se han realizado y han mejorado la calidad de vida en las cuencas y ha garantizado que tanto el Principado como el Ministerio están aplicando ya recomendaciones del Tribunal de Cuentas al gestionar los cien millones de euros pendientes de invertir correspondientes al periodo 2013-2018.

"Si no hubiera sido por los fondos mineros muchas infraestructuras que hoy disfrutamos no existirían y los que vivimos en la cuenca lo sabemos", ha apuntado tras garantizar que su Gobierno mantiene "una tolerancia cero" con la corrupción y colabora "siempre y no solo cuando interesa" con la justicia.

En este sentido, ha recordado al secretario general de Podemos Asturies, Daniel Ripa, que el Tribunal de Cuentas también cuenta con Fiscalía y que, por tanto, su anuncio de que llevará el informe al Ministerio Público sólo sirvió para cumplir con la "gran tarea" de "ahorrar sellos".

Para la portavoz morada, la responsabilidad de lo constatado por el Tribunal de Cuentas "se difumina entre agentes políticos, empresariales y sindicales" y la responsabilidad de los gestores públicos cuando se detectan este tipo de irregularidades "es que se restablezca el quebranto" sufrido por las administraciones.

Tras recordar que fue Podemos quien instó a la elaboración de ese informe "trasladando así una impresión generalizada en la sociedad asturiana", Gil ha señalado que "las raíces" del problema están "arraigadas en el actual esquema gubernamental y administrativo" y ha cuestionado que el Gobierno regional pueda "interiorizar" sus conclusiones con espíritu crítico mientras asegura que no revisará la actuación de anteriores ejecutivos.

En el caso de la subvención recibida por el Montepío para construir el geriátrico de Felechosa, que se sitúa en el origen del caso Hulla en el que se investiga al ex secretario general del SOMA-UGT, José Ángel Fernández Villa, la diputada ha señalado que se cambió un Real Decreto para dar cabida a un proyecto "que no encajaba" con lo se abrió "durante mucho tiempo una puerta para las prácticas clientelares".

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