El Principado prevé medidas "contundentes" ante el riesgo de brotes en residencias

Solo en dos de las 240 residencias de mayores de Asturias hay casos activos de coronavirus

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, ha advertido este martes de que la entrada en la nueva normalidad supone un mayor "riesgo" de rebrotes de coronavirus en los geriátricos asturianos, ante lo que el Principado prevé la aplicación de medidas "contundentes".

"Los rebrotes podrían repetirse. A menores restricciones, mayor tendrá que ser la responsabilidad", ha indicado en una comparecencia en comisión en la Junta General para informar sobre los brotes de COVID-19 que se han producido en las últimas semanas en algunos centros residenciales.

Según ha apuntado, en caso de que vuelvan a producirse se aplicarán medidas "igual de contundentes" para lo que ya se cuenta con la "experiencia acumulada" de los últimos meses.

La consejera ha destacado que su departamento ha podido conocer en detalle la realidad que vive cada geriátrico tras haberse intervenido más de cien desde el comienzo de la pandemia.

Antes de afirmar que se está realizando un acopio de materiales de protección para dar respuesta a una posible oleada del virus, ha relatado la situación de los centros que han sufrido rebrotes desde el pasado mes, como la residencia El Carmen, en la que se detectaron 16 casos en usuarios, cuatro aún en activo, y cinco en trabajadores.

En Santa Teresa, en Oviedo / Uviéu, que ya no tiene contagios activos, se registraron otros cuatro nuevos positivos, mientras que en El Cristo de Candás fueron evacuados una veintena de residentes tras la confirmación de un caso de una usuaria.

"Hoy la realidad en Asturias nos deja dos centros con cinco casos activos de personas residentes, de un total de 240", ha subrayado.

Álvarez ha indicado que la Consejería de Salud ha fijado un protocolo para actuar cuando se produzcan los brotes de la enfermedad, que se adaptará a cada centro.

La consejera ha añadido que el número total de residentes de Asturias asciende a casi 13.000 personas, con lo que la mortalidad registrada en los centros de personas con coronavirus supone una tasa del 1,75%.

También ha destacado que el 77% de las residencias no han registrados positivos en lo que va de pandemia.

Por otro lado, la consejera ha subrayado la importancia de que en la nueva normalidad los geriátricos puedan flexibilizar las visitas de sus familiares, los paseos de los usuarios y los nuevos ingresos ante lo que disponen de un plazo de diez días para elaborar un plan de contingencia que detalle estas medidas.

Álvarez también ha mostrado el compromiso de su departamento por reforzar el servicio inspección en los centros residenciales.

La diputada del PP Reyes Fernández Hurlé ha lamentado la "profunda huella" que ha dejado la COVID-19 en las residencias de ancianos, por lo que ha pedido realizar una diagnóstico real para ver "qué ha pasado y que ha fallado".

El parlamentario de Ciudadanos Armando Fernández Bartolomé ha urgido al Ejecutivo regional a buscar un "equilibro" para garantizar la seguridad y permitir la autonomía de los centros.

En representación de Podemos, Rafael Palacios ha afirmado que la crisis sanitaria ha puesto en evidencia que sigue habiendo escasez de personal sociosanitario y que "a menudo trabaja en condiciones precarias".

Por parte de IU, Ovidio Zapico ha reclamado al Gobierno autonómico que extraiga conclusiones sobre su gestión al frente de la crisis sanitaria de manera que se pueda garantizar una respuesta inmediata ante episodios similares.

El parlamentario de Foro Pedro Leal ha reclamado la aplicación de medidas preventivas ante nuevos rebrotes en unos centros que "son los hogares de muchas personas" y la de Vox Sara Álvarez ha demandado "un criterio claro y transparente que permita evitar especulaciones" sobre estos equipamientos.

El Principado revisará el sistema de dependencia para una mayor agilidad

La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar modificará el procedimiento que regula el sistema de dependencia en la comunidad para agilizarlo y hacerlo más eficiente, lo que conllevará una reordenación del personal y sus funciones y la apertura de fórmulas de colaboración "estables" con entidades locales.

Durante una comparecencia en comisión de la Junta General, la consejera de este departamento, Melania Álvarez, ha explicado que este procedimiento no ha sufrido ningún cambio desde que se diseñó y reguló en 2007, por lo que resulta "imprescindible su modificación para consolidar todo lo experimentado con éxito durante el presente ejercicio".

"De manera que el acceso al sistema pueda ser más ágil, eficiente y sobre todo, directo, evitando las duplicidades que se dan en la actualidad e incorporando las nuevas tecnologías", ha apuntado.

Según ha indicado, estos cambios implicarán la ampliación de las vías de acceso por parte de los ciudadanos mediante la habilitación de canales telemáticos y la mejora de la atención presencial.

Álvarez ha señalado también que en los próximos meses se abordará la regulación definitiva de la figura del asistente personal, de la prestación económica para servicios de promoción de la autonomía personal y se revisarán las cuantías de las prestaciones económicas para dotarlas de una "mayor equidad".

La consejera ha insistido en que el compromiso del plan de choque puesto en marcha por el Gobierno sigue en pie el objetivo de resolver en plazo todas las resoluciones vinculadas a la dependencia en septiembre.

Álvarez ha destacado el esfuerzo realizado por su departamento durante en estado de alarma, que no solo ha permitido mantener los ritmos de gestión de los dos primeros meses del año, sino que incluso han llegado a incrementarse un 22 por ciento.

"Durante el estado de alarma, Asturias ha sido la comunidad que más ha incrementado el número de personas con el reconocimiento de la dependencia", ha destacado.

Según los datos del mes de mayo, los expedientes pendientes de resolución de reconocimiento de la situación de dependencia ascienden a 4.437, 662 menos que en septiembre de 2019.

Por otro lado, los expedientes pendientes de resolución de reconocimiento del derecho a una prestación se sitúan en ese mismo mes en 5.929.

La titular de Derechos Sociales y Bienestar ha cifrado en 436 personas que han fallecido a lo largo de este año sin haber cobrado la ayuda tras haber sido reconocida.

Álvarez ha constatado que el refuerzo de las trabajadoras sociales, la reasignación de funciones, la simplificación de la tramitación y el seguimiento periódico de los indicadores de cada área de servicios sociales "serán claves para llegar a septiembre con 1.400 expedientes pendientes".

Además, la consejera ha afirmado que el impacto presupuestario que ha motivado la pandemia del coronavirus no tendrá ninguna repercusión sobre el dinero que se destinará a la dependencia.

"Habrá dotación económica suficiente para abordar y dar cumplimiento", ha recalcado.

Los grupos de la oposición han coincidido en criticar las listas de esperas en materia de dependencia y han puesto en duda que el Gobierno regional pueda cumplir el plan de choque diseñado.