El Tribunal de Justicia Europeo considera abusiva la ley española sobre desahucios

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) sentenció hoy que las medidas que regulan en España los procesos de desahucio por el impago de una hipoteca son contrarios a la legislación europea de protección de los consumidores.

"La normativa española, que impide al juez que es competente para declarar abusiva una cláusula de un contrato de préstamo hipotecario suspender el procedimiento de ejecución hipotecaria iniciado por otra vía, es contraria al Derecho de la Unión", indicó el tribunal con sede en Luxemburgo en un comunicado.

La institución comunitaria considera que el régimen procesal español menoscaba la efectividad de la protección de los consumidores que pretende garantizar la directiva europea sobre cláusulas abusivas en los contratos.

La legislación europea se opone a que una normativa nacional, como la española, impida al juez competente adoptar medidas cautelares, como la suspensión del procedimiento de ejecución de una hipoteca, "cuando sean necesarias para garantizar la plena eficacia de su decisión final".

En concreto, el tribunal europeo apunta a "todos los casos en que la ejecución de un inmueble se lleve a cabo antes de que el juez declare abusiva la cláusula contractual en la que se basa la hipoteca y, en consecuencia, la nulidad del procedimiento de ejecución".

La sentencia de hoy está motivada por el caso de un ciudadano que interpuso una demanda contra CatalunyaCaixa tras ser expulsado de su vivienda, quien reivindica que se anule una de las cláusulas del préstamo hipotecario y el procedimiento de ejecución hipotecaria.

El Tribunal de Justicia de la UE señaló hoy que dado que en el caso español el juez no tiene la posibilidad de suspender el procedimiento de ejecución hipotecaria, si decide declarar nula una cláusula de un contrato por considerarla abusiva, esta decisión solo dará protección al consumidor a posteriori, bajo la forma de una indemnización.

"Dicha indemnización resulta incompleta e insuficiente, y no constituye un medio adecuado y eficaz para que cese el uso de esas cláusulas", afirma la sentencia, que agrega que "así ocurre con mayor razón cuando, como en este caso, el bien hipotecado es la vivienda del consumidor perjudicado y de su familia".

El tribunal lamenta que el mecanismo de protección de los consumidores previsto por la normativa española -el pago de una indemnización por daños y perjuicios- "no permite evitar la pérdida definitiva e irreversible de la vivienda".

Además, la sentencia indica que corresponde al juzgado mercantil de Barcelona que lleva el caso analizar si las cláusulas incluidas en el contrato en cuestión son abusivas y si responden a los objetivos deseados a la vez que garantiza los derechos del consumidor. 

Modificación

A raíz de esta sentencia el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha garantizado que el Gobierno modificará la legislación española sobre desahucios e hipotecas para adaptarla a la ley europea, tras la sentencia del Tribunal Justicia de la UE sobre este asunto.

En declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso, Gallardón ha precisado que no conoce los términos exactos de la sentencia, que ha declarado que las medidas que regulan en España los procesos de desahucio por el impago de una hipoteca son contrarios a la legislación europea de protección de los consumidores, pero ha dicho que "naturalmente" que se incorporará a la legislación española.

"Nosotros asumimos el compromiso de que todos los aspectos que haya declarado contrarios a la legislación europea serán corregidos", ha afirmado Ruiz-Gallardón, quien ha asegurado que el ministerio lo estudiará "en profundidad".

La incorporación de la doctrina europea puede hacerse a través de enmiendas a la proposición de ley de regulación de la dación en pago, de paralización de los desahucios y de alquiler social, ha recordado el ministro.

Precisamente el plazo de presentación de enmiendas a este proyecto, fruto de una iniciativa legislativa popular que se tramita por el procedimiento de urgencia, se amplió hasta mañana a la espera de conocer la sentencia de este tribunal.

Fuentes parlamentarias no descartan que el plazo vuelva a ampliarse para que haya tiempo de incluir los cambios que sean necesarios para su adaptación a la normativa europea.

En este sentido, Ruiz-Gallardón ha señalado que en la tramitación de este proyecto se podrán incluir "aquellas modificaciones que sean consecuencia necesaria de la sentencia del tribunal europeo".

No ha querido pronunciarse sobre si la sentencia tendrá algún efecto en la práctica y con carácter inmediato en las resoluciones judiciales sobre desahucios, a la espera de conocer sus términos exactos, aunque sí ha insistido en dejar claro que la legislación se modificará para incorporar los criterios que haya establecido.