El Tribunal de Cuentas considera que no hubo delito en la ampliación de El Musel

La sentencia concluye que no hay abonos injustificados ni beneficio industrial

El Tribunal de Cuentas ha exonerado al expresidente de la Autoridad Portuaria de Gijón, Fernando Menéndez Rexach, y al exdirector general, José Luis Díaz Rato, del reintegro de los 135 millones que la Abogacía del Estado y la Fiscalía reclamaban por los sobrecostes en las obras de ampliación del puerto de El Musel, en Gijón / Xixón.

La Abogacía del Estado formuló la demanda el 4 de abril de 2018 y, un mes después, la Fiscalía pidió que los dos exdirectivos afrontaran como responsables contables directos y solidarios de un alcance en los fondos públicos de la Autoridad Portuaria de Gijón que cuantificó en 135,3 millones de euros.

El juicio se celebró el pasado mes de septiembre y el Tribunal de Cuentas ha dictado este viernes la sentencia donde considera que las cantidades satisfechas a la Unión Temporal de Empresas (UTE) Dique Torres, adjudicataria de la obra, no exceden los precios previstos en el proyecto modificado.

En consecuencia, no aprecia que se haya producido un daño a los fondos públicos de la Autoridad Portuaria de Gijón por razón de haberse realizado pagos en cuantía superior al importe debido, según el contrato de adjudicación de la obra del proyecto modificado.

Menéndez Rexach firmó en 2005 con el representante de la UTE Dique Torres el contrato de adjudicación para la ampliación del Musel por 499 millones.

No obstante, iniciada la ejecución del contrato, la UTE planteó un incremento en los precios de los materiales que la Autoridad Portuaria de Gijón aceptó y aprobó con una modificación del contrato por casi 251 millones de euros.

La UTE señaló en su oferta que los materiales se extraerían de las canteras de Aboño, propiedad de Hidroeléctrica del Cantábrico, y de Perecil, pero al prohibir la explotación de ésta última el Ayuntamiento de Carreño, municipio al que pertenecía, la adjudicataria recabó materiales de canteras comerciales alejadas de la obra.

Esta circunstancia hizo que la UTE abonara precios superiores a los contemplados en la oferta y el presupuesto aprobados, reclamando el incremento a la dirección de la obra.

El proyecto modificado del contrato previó un aumento del presupuesto de las obras hasta más de 700 millones.

El Tribunal de Cuentas resalta en la sentencia que no ha apreciado un abono injustificado por la aplicación del incremento de un 19% de gastos generales y beneficio industrial por el control y asistencia técnica en las relaciones valoradas de las certificaciones de la obra, ni un abono improcedente del contrato a la Fundación Empresa Universidad de Granada por su proyecto “ensayos modelo físico”.

La sentencia concluye que tampoco se aprecia falta alguna de justificación respecto al importe de los materiales procedentes de cantera abonados al contratista.

La resolución no es firme y contra la misma cabe recurso de apelación ante la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas.

El pasado mes de julio, el órgano fiscalizador instó a la Administración General del Estado a ejercer “de una forma más eficaz” las labores de supervisión y control en los procedimientos de contratación y ejecución de proyectos como la ampliación de El Musel, por irregularidades como el pago de sobrecostes en las materias primas.

El Tribunal de Cuentas realizó esta recomendación teniendo en cuenta que en las obras de ampliación del puerto gijonés, que son objeto de investigación en la Audiencia Nacional tras una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, "se han producido con retrasos y sobrecostes muy significativos que, además, han posicionado a la Autoridad Portuaria de Gijón en una delicada situación financiera".