La defensa de responsables de las subvenciones de UGT pide el sobreseimiento

El abogado de Díaz Cancio y del técnico Alberto González Castaño, aseguran que no existe materia delictiva

La defensa de dos de los responsables del control de las subvenciones que UGT-Asturias recibió por los cursos de formación entre 2010 y 2014 pedirá el sobreseimiento de la causa al apreciar la existencia de “graves errores” en el auto de la juez por el que han sido procesados junto a otros cuatro exdirigentes y técnicos por el presunto desvío de fondos al sindicato por importe de 1,46 millones de euros.

Entre los seis procesados figura el que fuera secretario general de UGT hasta 2016, Justo Rodríguez Braga, quien permaneció al frente de la organización sindical durante dieciséis años.

El abogado Javier Núñez Seoane, que ejerce la defensa de Manuel Díaz Cancio, secretario de formación entre 2009 y 2013, y del técnico Alberto González Castaño, encargado de la contabilidad del sindicato y del control y justificación de las subvenciones, ha asegurado que no existe materia delictiva en las actuaciones y sólo “meras discrepancias” en los importes de costes subvencionables, lo que en ningún caso constituiría una cuestión penal.

El letrado ha afirmado que no hay prueba alguna que sustente la imputación después de las numerosas diligencias practicadas a lo largo de los cinco años de instrucción donde se practicaron registros y se llevaron a cabo detenciones que ha calificado como “injustificadas”.

A su juicio, el auto contiene “graves errores de apreciación” que se aprecian a partir de las pruebas practicadas y que atribuye a las “inconsistencias” de los atestados de la Guardia Civil y los “propios errores” en los que pueden haber incurrido las periciales públicas.

La defensa ha negado que UGT pusiera en marcha un entramado para enmascarar u ocultar los costes reales subvencionados al Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (Sepepa) porque sostiene que los costes de los cursos de formación constan “declarados y justificados” a este organismo.

Tampoco es cierto, según la defensa, que se recurriera a subterfugios como sociedades creadas o controladas por UGT o empresas afines ya que esas sociedades y fundaciones existían “mucho antes” de empezar a percibirse subvenciones de formación y la subcontratación consta “expresamente autorizada” por el Principado y reconocida por la pericial, ha añadido.

El abogado ha descartado que la subvención de gastos de personal laboral de UGT no guarde una relación directa o indirecta con los cursos, como mantiene la juez, ya que, según expone, este capítulo está expresamente previsto en la normativa reguladora de las subvenciones porque “sin ese personal no se podrían organizar ni ejecutar los cursos de formación”, ha recalcado.

La defensa ha justificado que se facturara por horas el alquiler de las aulas a un precio superior al del mercado en que se trataba de aulas que están “equipadas y homologadas” para los cursos y no son aulas vacías.

Núñez Seoane también cree "un error” que la juez refleje en su auto que no consta la adquisición de equipos didácticos cuando, según ha explicado, está reconocida en la pericial de la Agencia Tributaria encargada por el juzgado.

Tampoco comprende cómo es posible que se acuse a los procesados de incurrir en un desvío de fondos y beneficios para revertirlos en el sindicato cuando, según el letrado, consta pericialmente acreditado que ni las empresas, ni el Instituto de Formación y Estudios Sociales (Ifes) obtuvieron beneficios.

Además de Rodríguez Braga, Díaz Cancio y González Castaño están procesados Mónica Menéndez, secretaria de administración desde 2002 a 2013 y administradora de Infastur, María Jesús Ocaña, administradora de Localmur y Silvia Sariego, encargada del control de las subvenciones en la Delegación territorial del Ifes.